Exigen juego limpio con manos sucias

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Editorial UCA
29/08/2014
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En una campaña poco usual, los grandes medios de comunicación salvadoreños hicieron una intensa presión contra la conversión del canal 37 en frecuencia UHF a canal 11 en frecuencia VHF. Inusual porque se pudo ver juntos a presentadores de diversos canales de televisión, comúnmente en reñida competencia, exigiendo “juego limpio”, apoyando la libre competencia y denunciando amaños, trampa y corrupción en ese traslado. El cambio de frecuencia de ese canal, que antes era de una universidad privada y se rumora que ahora pertenece a un magnate de la comunicación en América Latina, fue uno de los últimos actos del fugaz superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Ástor Escalante. La Asder denunció que la frecuencia VHF tiene mejores condiciones y características, y por tanto un valor económico muy superior, que la UHF. Así, el cambio favorecería al nuevo propietario del canal. Además, con este acto se violó la legislación nacional y no se respetó la libre competencia. La presión iba dirigida a la Siget, y rindió frutos. El lunes 25 de agosto, la Junta de Directores de la entidad, no su titular, revocó la resolución de Escalante, dejando sin efecto la orden emitida.

Pese a que logró su cometido, esta campaña carece de legitimidad y de autenticidad. En primer lugar, los conocidos rostros que la protagonizaron no son los de los verdaderos interesados en revertir la decisión de Escalante; seguramente, participaron en defensa de intereses ajenos para conservar su trabajo. Además, si algo ha caracterizado a las grandes empresas de difusión es su manipulación de las leyes, amañarlas para tener privilegios. La actual ley de telecomunicaciones fue hecha precisamente a la medida de los medios que patrocinaron esta campaña. Las frecuencias se conceden de manera prácticamente vitalicia, se da libertad para fragmentarlas del modo que le convenga al empresario, solo se reconoce la subasta económica como mecanismo para acceder a las frecuencias, etc. Una ley que a la luz de los parámetros internacionales actuales es obsoleta, excluyente y antidemocrática, y que a pesar de esto sigue siendo respaldada por los que ahora se quejan de un juego sucio y de corrupción. Si esta campaña no es pura hipocresía, estos grandes medios también deberían pronunciarse por otros atropellos que han ocurrido antes.

Un botón para muestra y para que no se olvide la historia. Justo después de que Arena perdiera las elecciones de 2009 y antes de la toma de posesión del primer Gobierno del FMLN, la Siget concedió los canales de televisión 39, 41, 43, 45, 47, 49 y 51 al abogado Luis Francisco Adalberto García Pinto, cercano, según una investigación periodística de El Faro, a personajes vinculados con lavado de dinero, narcotráfico, política y corrupción. En aquellos días, se dijo que el desconocido abogado no era más que un testaferro de otros interesados; entre estos, un gran emporio de televisión que hoy exige juego limpio y un alto a la corrupción. A pesar de que desde 2006 la Siget repetía que no había frecuencias disponibles para televisión abierta, a García Pinto se le concedieron siete y después, desapareció. ¿No recuerda esto la actuación de Ástor Escalante? ¿Dónde estaban los grandes medios en ese entonces? ¿Continuará su campaña para exigir la aclaración de la entrega de esas frecuencias? ¿Es la manipulación de la ley lo que no toleran o que sean otros los que la manipulen? ¿Denuncian el juego sucio o temen competir con un gigante de la comunicación? ¿No quieren amaños o les molesta que los amaños esta vez no sean a su favor?

Si El Salvador quiere avanzar, tiene que democratizar las comunicaciones, y eso comienza por cambiar un marco jurídico que, como se apuntó, solo beneficia a los grandes y concentra la propiedad de los medios. ¿Están dispuestas estas grandes empresas de comunicación a impulsar una campaña para una ley democrática, que contemple a los medios comunitarios y a los públicos? Por compromiso con la democracia, hay que denunciar y oponerse a actuaciones que solo favorecen a los poderosos; actuaciones recientes y del pasado. ¿Están dispuestos, pues, a exigir que se investigue todo el otorgamiento de frecuencias? Hay que defender la causa de la democracia y del juego limpio, pero debe hacerse con las manos limpias.

Tomado de

http://www.uca.edu.sv/noticias/editorial-3139

 

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