El Decreto indiscreto 743 o Farsa del desiluminado Don Mauricio Funes Cartajena, de sus hazañas en cosas de Indios, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto, y de cómo espero que se desenvuelva o “NO TENEMOS OPORTUNIDAD DE EQUIVOCARNOS”

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Hoy en la mañana mi amigo Neftalí con su nariz aguzada y sus ojillos azúles en pocas palabras me comentaba como es lo de lmadruguete ese del decreto 743: es que con él se elimina la posibilidad de aprobar Leyes Constitucionales o modificaciones  a estas sin unanimidad, es decir todos los Magistrados de la Sala de lo Constitucional (5)  deben estar de acuerdo, lo que permite que no se apruebe nada con la negativa de solo uno (el cual puede responder a intereses de partido), antes bastaba lamayoría de votos lo que permitía la democracia.

Cito con los permisos adecuados los textos de Paolo Luers y la UCA que aclaran y ponen bien el dedo en la llaga…..

Abolir el “Decreto Néstor”

tomado de : http://siguientepagina.blogspot.com/2011/06/abolir-el-decreto-nestor.html
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo lo correcto: declaró inaplicable el fatal decreto, con el cual el presidente y la Asamblea intentaron paralizar su trabajo y dejar sin protección jurídica a la ciudadanía contra actos y decisiones que violan sus derechos constitucionales.

Resuelto esto, los magistrados hicieron lo que es su deber constitucional: analizaron y admitieron la siguiente demanda en su agenda de trabajo. Resulta que la demanda que admitieron no es contra la Ley de Amnistía, ni contra el TLC, ni contra la dolarización, como muchos quisieron hacernos creer para justificar su golpe contra la Sala. La demanda admitida por la Sala, inaplicando el “Decreto Néstor” (cuya única finalidad es otorgar poder de veto al magistrado Néstor Castaneda), es contra la Ley de Presupuesto “ante la presunta inconstitucionalidad de la creación de gastos imprevistos”, con el cual el gobierno Funes y sus fieles aliados en la Asamblea querían burlar una sentencia de la Sala que prohibía las transferencias indiscriminadas de fondos de los ministerios a la Presidencia, para su uso indiscriminado…

Ahora se explica la urgencia de Funes de aprobar sin debate y sin estudio jurídico el “Decreto Néstor”. Detrás de la cortina de humo (=los rumores que la Sala estaba al punto de meter al país en un caos declarando inconstitucional la Amnistía, el TLC y la dolarización), Funes había conseguido que hasta ARENA participara en el golpe contra la Sala.

Aparte de declarar inaplicable el “Decreto Néstor” y admitir, con los cuatro votos usuales, la demanda contra el manejo de gastos imprevistos del gobierno FUNES-FMLN, la Sala hizo otra cosa correcta y prudente: dejó claro que no tiene en su agenda de trabajo ninguna demanda contra las leyes que dieron vida a la Amnistía, el TLC y la dolarización. Punto.

Con esto, se abre la posibilidad de salir de la crisis constitucional en que Funes y la Asamblea han metido al país. Porque con la decisión de declarar inaplicable el “Decreto Néstor” todavía no está resuelta la crisis. Todavía se escuchan los tambores de guerra, de distintos actores políticos: diputados de GANA y del PCN amenazando con un decreto legislativo para remover a los cuatro magistrados de la Sala, lo que sería otro golpe al orden constitucional; cabezas calientes incluso amenazando con abrir antejuicios contra los cuatro integrantes de la Sala; y voces de la izquierda trasnochada, pescando en aguas movidas, invocando el “derecho a la insurrección”; y Dagoberto Gutiérrez hablando ya de la necesidad de una constituyente para dar al país una nueva constitución…

Para parar en seco todos estos juegos irresponsables con explosivos, no hay caminos jurídicos. Es una crisis política que requiere una salida política: los dos partidos mayoritarios tienen que asumir su responsabilidad y ponerse de acuerdo para abolir el “Decreto Néstor” y devolver al país la seguridad jurídico y la protección de sus derechos constitucionales.

Algo ya se está moviendo en el FMLN y en ARENA, pero en la dirección equivocada: los dos proponen una concertación entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.

“Consideramos que es necesario cuanto antes un diálogo serio, abierto y sincero entre los Órganos de Gobierno, es lo mínimo que la sociedad nos demanda. Por lo que esta debe ser una oportunidad para salirle al paso a futuros intentos de violación de la Constitución por ningún Órgano del Estado,” expresó el 4 de junio el FMLN en un comunicado de su Comisión Política. Y ARENA, en vez de asumir su responsabilidad de convertirse en protagonista de la solución, también tira la pelota al campo equivocado: “Los tres órganos del Estado deben hacer el mayor de los esfuerzos para solventar sus discrepancias”, declaró el COENA el 6 de junio.

Receta equivocada. No es una concertación entre los titulares de los tres poderes que va a resolver esta crisis. Con su actitud prepotente y su menosprecio a la institucionalidad, Funes ya perdió la autoridad y para convertirse en arquitecto de soluciones. Al presidente de la Corte Suprema de todos modos no le corresponde meterse en negociaciones políticas. Y el presidente de la Asamblea lastimosamente no tiene el don de la concertación.

Para solucionar esta crisis política, la única solución reside en que ARENA y FMLN asumen su responsabilidad como fuerzas mayoritarias. Hace falta un acuerdo entre los dos para romper el entrampamiento entre los poderes del Estado, aboliendo el “Decreto Néstor”. El Frente, aunque ha sido cómplice, de todas formas ha declarado que no avala el controvertido decreto. ARENA tiene la oportunidad de corregir su error, cometido en base de miedos infundados que la Sala iba a declarar inconstitucional sus aportes históricos al país (Ley de Amnistía, TLC, dolarización).

Y para romper de un sólo también el entrampamiento de la reforma electoral (que tiene mucho que ver con el enfrentamiento entre poder judicial y poder legislativo), los dos partidos deben ponerse de acuerdo sobre una legislación electoral sin residuos, pero que garantice oportunidades justas a candidatos independientes y partidos minoritarios, y que facilite la votación por candidatos en vez de listas.

Los cuatro magistrados pueden aportar a un clima propicio para esta solución sin participar en ninguna negociación, pero adoptando actitudes más prudentes, más transparentes y menos prepotentes, sin sacrificar en nada sus principios y el cumplimiento de apego a la constitución.

Atentado contra la institucionalidad

Ante el decreto 743, aprobado por la Asamblea Legislativa para reformar transitoriamente los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica Judicial, sancionado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial del 2 de junio, las instancias abajo firmantes denunciamos:

1. Que el contenido de este decreto es contrario a la institucionalidad del país, pues busca romper con el equilibrio de poderes dentro de nuestro Estado y favorecer los intereses de pequeños grupos sobre los de la población salvadoreña.

2. Que el decreto fue aprobado irrespetando los procedimientos establecidos para la formulación de leyes: se aprobó con dispensa de trámite y con modificación de agenda. Esta forma de actuar de la Asamblea Legislativa ya fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. Por ende, es un decreto aprobado de forma ilegal.

3. La urgencia con la que fue aprobado, sancionado y publicado, y la temporalidad del mismo dejan en evidencia que se trata de una maniobra política que otorga a la actual Asamblea Legislativa poderes ilimitados y que busca amordazar a la Sala de lo Constitucional, para que no siga emitiendo más sentencias molestas.

4. Que la pretendida homologación de los procesos de decisión y la exigencia de que las demandas de inconstitucionalidad se resuelvan con el acuerdo de todos los magistrados tienen como consecuencia la imposibilidad práctica de tomar decisiones. En este sentido, el dictamen aprobado otorga capacidad de veto a cada uno de los magistrados, lo cual no ocurre en ningún otro órgano del Estado. ¿Qué dirían los mismos diputados si cada dictamen debiera ser aprobado con los votos del 100% de los legisladores?

5. Que la aprobación del decreto es una acción más contra los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes con hidalguía han demostrado actuar bajo los dos principios que deben caracterizar a todo sistema que pretenda impartir justicia pronta y cumplida: imparcialidad e independencia. Entre otros temas, las sentencias de la Sala abren el camino para posibilitar las candidaturas independientes; para que sea la ciudadanía la que elija directamente a sus diputados y diputadas; para la cancelación del PCN y PDC; y para la remoción de dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral por haber violentado las leyes del país. Los diputados y las cúpulas de los partidos se resisten a la implementación de estos cambios.

6. Que la Asamblea Legislativa hizo caso omiso de la existencia de un proyecto de la Ley Orgánica Judicial, por lo que interfiere en el proceso ya iniciado de la formulación de la mencionada ley.

7. Que este decreto, en lugar de resolver problemas, ocasionará nuevos conflictos si la Sala de lo Constitucional tiene que juzgar sobre la constitucionalidad de un decreto que afecta a su capacidad de tomar decisiones.

8. Que el Presidente de la República, con su sanción y forma de proceder al respecto, está apoyando una medida antidemocrática que atenta contra la seguridad jurídica y el correcto funcionamiento de las instituciones, y pone en entredicho su imagen democrática.

Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes hacemos público nuestro repudio a esta acción, que ha debilitado la democracia y pone en riesgo la institucionalidad, por lo que exigimos la derogación del decreto. Pedimos al pueblo salvadoreño que se adhiera a este pronunciamiento y demuestre su repudio, por todos los medios pacíficos a su alcance, ante este acto indigno y contrario al mandato delegado por los ciudadanos y ciudadanas en las elecciones; un acto propio de personas sin principios, ni valores cívicos y morales.

Asociación Americana de Juristas, Asociación de Abogados Democráticos de El Salvador, Asociación de Desarrollo Económico y Social, Asociación de Jueces de Paz, Cambio Democrático, Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (CECADE), Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS), Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Concertación Democrática Nacional (CDN), Concertación por la Paz, la Dignidad y la Justicia Social, Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador (CAPES), El Rescate, Foro de Jueces Democráticos e independientes, Foro para la Defensa de la Constitución, Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (Fespad), Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (Redes), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (Cemujer), Movimiento Independiente Pro Reforma Electoral (MIRE), Movimiento Unificado Francisco Sánchez (MUFRAS 32), Patria Exacta, Pro Búsqueda, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Red Ciudadana, Salvadoreños en el Mundo, Servicio Social Pasionista (SSPAS), Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial (SITTOJ), Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Tutela Legal del Arzobispado, Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y la Democracia, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Universidad Luterana Salvadoreña (ULS)

Abolir el “Decreto Néstor”

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hizo lo correcto: declaró inaplicable el fatal decreto, con el cual el presidente y la Asamblea intentaron paralizar su trabajo y dejar sin protección jurídica a la ciudadanía contra actos y decisiones que violan sus derechos constitucionales.

Resuelto esto, los magistrados hicieron lo que es su deber constitucional: analizaron y admitieron la siguiente demanda en su agenda de trabajo. Resulta que la demanda que admitieron no es contra la Ley de Amnistía, ni contra el TLC, ni contra la dolarización, como muchos quisieron hacernos creer para justificar su golpe contra la Sala. La demanda admitida por la Sala, inaplicando el “Decreto Néstor” (cuya única finalidad es otorgar poder de veto al magistrado Néstor Castaneda), es contra la Ley de Presupuesto “ante la presunta inconstitucionalidad de la creación de gastos imprevistos”, con el cual el gobierno Funes y sus fieles aliados en la Asamblea querían burlar una sentencia de la Sala que prohibía las transferencias indiscriminadas de fondos de los ministerios a la Presidencia, para su uso indiscriminado…

Ahora se explica la urgencia de Funes de aprobar sin debate y sin estudio jurídico el “Decreto Néstor”. Detrás de la cortina de humo (=los rumores que la Sala estaba al punto de meter al país en un caos declarando inconstitucional la Amnistía, el TLC y la dolarización), Funes había conseguido que hasta ARENA participara en el golpe contra la Sala.

Aparte de declarar inaplicable el “Decreto Néstor” y admitir, con los cuatro votos usuales, la demanda contra el manejo de gastos imprevistos del gobierno FUNES-FMLN, la Sala hizo otra cosa correcta y prudente: dejó claro que no tiene en su agenda de trabajo ninguna demanda contra las leyes que dieron vida a la Amnistía, el TLC y la dolarización. Punto.

Con esto, se abre la posibilidad de salir de la crisis constitucional en que Funes y la Asamblea han metido al país. Porque con la decisión de declarar inaplicable el “Decreto Néstor” todavía no está resuelta la crisis. Todavía se escuchan los tambores de guerra, de distintos actores políticos: diputados de GANA y del PCN amenazando con un decreto legislativo para remover a los cuatro magistrados de la Sala, lo que sería otro golpe al orden constitucional; cabezas calientes incluso amenazando con abrir antejuicios contra los cuatro integrantes de la Sala; y voces de la izquierda trasnochada, pescando en aguas movidas, invocando el “derecho a la insurrección”; y Dagoberto Gutiérrez hablando ya de la necesidad de una constituyente para dar al país una nueva constitución…

Para parar en seco todos estos juegos irresponsables con explosivos, no hay caminos jurídicos. Es una crisis política que requiere una salida política: los dos partidos mayoritarios tienen que asumir su responsabilidad y ponerse de acuerdo para abolir el “Decreto Néstor” y devolver al país la seguridad jurídico y la protección de sus derechos constitucionales.

Algo ya se está moviendo en el FMLN y en ARENA, pero en la dirección equivocada: los dos proponen una concertación entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.

“Consideramos que es necesario cuanto antes un diálogo serio, abierto y sincero entre los Órganos de Gobierno, es lo mínimo que la sociedad nos demanda. Por lo que esta debe ser una oportunidad para salirle al paso a futuros intentos de violación de la Constitución por ningún Órgano del Estado,” expresó el 4 de junio el FMLN en un comunicado de su Comisión Política. Y ARENA, en vez de asumir su responsabilidad de convertirse en protagonista de la solución, también tira la pelota al campo equivocado: “Los tres órganos del Estado deben hacer el mayor de los esfuerzos para solventar sus discrepancias”, declaró el COENA el 6 de junio.

Receta equivocada. No es una concertación entre los titulares de los tres poderes que va a resolver esta crisis. Con su actitud prepotente y su menosprecio a la institucionalidad, Funes ya perdió la autoridad y para convertirse en arquitecto de soluciones. Al presidente de la Corte Suprema de todos modos no le corresponde meterse en negociaciones políticas. Y el presidente de la Asamblea lastimosamente no tiene el don de la concertación.

Para solucionar esta crisis política, la única solución reside en que ARENA y FMLN asumen su responsabilidad como fuerzas mayoritarias. Hace falta un acuerdo entre los dos para romper el entrampamiento entre los poderes del Estado, aboliendo el “Decreto Néstor”. El Frente, aunque ha sido cómplice, de todas formas ha declarado que no avala el controvertido decreto. ARENA tiene la oportunidad de corregir su error, cometido en base de miedos infundados que la Sala iba a declarar inconstitucional sus aportes históricos al país (Ley de Amnistía, TLC, dolarización).

Y para romper de un sólo también el entrampamiento de la reforma electoral (que tiene mucho que ver con el enfrentamiento entre poder judicial y poder legislativo), los dos partidos deben ponerse de acuerdo sobre una legislación electoral sin residuos, pero que garantice oportunidades justas a candidatos independientes y partidos minoritarios, y que facilite la votación por candidatos en vez de listas.

Los cuatro magistrados pueden aportar a un clima propicio para esta solución sin participar en ninguna negociación, pero adoptando actitudes más prudentes, más transparentes y menos prepotentes, sin sacrificar en nada sus principios y el cumplimiento de apego a la constitución.

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Un comentario sobre “El Decreto indiscreto 743 o Farsa del desiluminado Don Mauricio Funes Cartajena, de sus hazañas en cosas de Indios, de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto, y de cómo espero que se desenvuelva o “NO TENEMOS OPORTUNIDAD DE EQUIVOCARNOS”

    Claudia Navas escribió:
    junio 8, 2011 en 8:56 pm

    Como dice Manuel, no son suficientes los 3 poderes para resolver estas irracionalidades, se necesita de EL GRAN PODER DE DIOS

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